Attorney General Pam Bondi News Release
April 15, 2011
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Hoja de información sobre el proceso de reclamaciones y litigios por el derrame de petróleo de Deepwater Horizon

TALLAHASSEE (Fla) —La procuradora general, Pam Bondi, considera que responder al derrame de petróleo es una prioridad de su gestión. Esta respuesta contempla facilitar el proceso de reclamaciones individuales y empresariales, ayudar a preparar las reclamaciones del estado, trabajar con gobiernos locales, en la medida de lo necesario, y presentar, en colaboración con el Departamento de Protección Ambiental, las reclamaciones ambientales en nombre del estado de Florida. Como principal funcionario en asuntos legales de Florida, la Procuradora General es responsable, entre otros aspectos, de presentar demandas en representación del estado y ofrecer asesoramiento jurídico a otros organismos gubernamentales.

l. Ley de contaminación por petróleo

Con respecto al derrame de petróleo, la ley más importante es la ley federal de Contaminación por petróleo (Oil Pollution Act, OPA). La ley OPA permite a los afectados por el derrame de petróleo, gobierno estatal, gobiernos locales, empresas e individuos, recuperar las pérdidas económicas causadas por el derrame. Con el fin de promover la compensación sin recurrir a un juicio, la OPA requiere que los potenciales demandantes presenten primero su reclamación por daños a la parte responsable antes de presentar una demanda.

ll. El rol de la Oficina de la Procuradora General en relación con varias reclamaciones conforme a la ley OPA

a. Reclamación estatal conforme a la ley OPA

Antes de la presentación de una reclamación conforme a OPA a BP en representación del estado de Florida, la Oficina de la Procuradora General ha coordinado una colaboración entre varias agencias para identificar y cuantificar los daños al estado como consecuencia del derrame de petróleo. Estos daños podrían incluir la recaudación perdida de impuestos y los costos de limpieza.
Otras agencias que participan en esta colaboración son, entre otras, la Gobernación, la Legislatura y el Departamento de Rentas. Una vez que se hayan reunido los datos necesarios y la información complementaria, se presentará la reclamación del estado a BP para que realice su pago.

b. Reclamaciones individuales y empresariales


En coordinación con la administración de Obama, BP designó al Sr. Ken Feinberg administrador del Centro de Reclamaciones de la Costa del Golfo (Gulf Coast Claims Facility, GCCF). El GCCF y el Sr. Feinberg son responsables del procesamiento de reclamaciones individuales y empresariales por las pérdidas económicas a causa del derrame de petróleo. La Procuradora General ha mantenido la presión sobre el Sr. Feinberg para que el proceso de reclamaciones resulte más rápido, eficiente y transparente para los reclamantes. Además, nuestra oficina se ha contactado con el GCCF en numerosas ocasiones para solicitar que aceleren la revisión de reclamaciones en el caso de individuos y empresas que enfrentan graves penurias.


El rol de la Procuradora General en este proceso ha sido el de comunicarse agresivamente con el Sr. Feinberg para lograr más transparencia y justicia en el proceso de reclamaciones para individuos y empresas. Hasta ahora se han logrado mejoras, pero la Procuradora General continua controlando el proceso en forma activa y participando en conversaciones en pos de esos objetivos.

c. Reclamaciones de gobiernos locales


La Oficina de la Procuradora General también ha trabajado durante muchos meses con la Asociación de Condados de Florida, la Liga de Ciudades de Florida, condados individuales y algunos legisladores y funcionarios locales interesados, suministrándoles información en relación con la OPA y cómo se considera que debe funcionar el proceso de reclamaciones.

lll. Litigación de varios distritos


Aparte del proceso de reclamaciones de la OPA, está pendiente también el juicio de varios distritos en la corte federal de Nueva Orleans, La. Ese litigio involucra cientos de demandas que una gran variedad de partes han presentado contra BP, Transocean (el propietario de la plataforma petrolera) y otros. En un aspecto del litigio, Transocean ha intentado limitar su responsabilidad al valor mínimo de la plataforma petrolera, alrededor de $27 millones.
El juez a cargo de la causa ha impuesto como fecha límite el 20 de abril de 2011 para que cualquier parte interesada reivindique sus demandas contra Transocean.

No se aplica esa fecha límite a cualquier litigio iniciado contra BP y otros demandados. La Oficina de la Procuradora General está evaluando si al estado le conviene presentar una demanda contra Transocean en este momento.


Para más información, visite http://myfloridalegal.com/deepwaterhorizon