Attorney General Ashley Moody News Release
March 5, 2019
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La procuradora general Moody inicia acción para detener estafa en techados

TALLAHASSEE, Fla.— La División de Protección al Consumidor de la procuradora general Ashley Moody entabló hoy una demanda contra una compañía constructora de Jacksonville por estafar a floridanos que necesitaban reparaciones de techos. En la demanda se sostiene que Kinnecorps, LLC, y el administrador, Roger Van Den Bosch, h., violaron la Ley de Prácticas Comerciales Desleales de Florida al tomar dinero de los consumidores para la construcción de techos sin terminar el trabajo. Muchos de los consumidores afectados por este comportamiento engañoso son adultos mayores y floridanos cuyas propiedades sufrieron daños causados por huracanes.

La procuradora general Ashley Moody dijo: “Nuestra División de Protección al Consumidor está iniciando acciones contra una compañía turbia de techados que estafa adultos mayores y víctimas de huracanes en Florida. No toleraremos que contratistas inescrupulosos se aprovechen de los floridanos, en especial de nuestros adultos mayores y de aquellos que intentan recuperarse de los huracanes”.

La demanda sostiene que los demandados violaron la Ley de Prácticas Desleales de Florida cuando:

· Promocionaban trabajos de techado a los propietarios de viviendas cuando los demandados carecían de los fondos para comenzar o terminar el trabajo;
· Recibían pagos de los propietarios por trabajos de techado sin tener la intención de realizar el trabajo;
· Aceptaban dinero proveniente de los seguros de los propietarios para trabajos de techado sin terminar el trabajo; y básicamente,
· No realizaban el trabajo de techado prometido.

Asimismo, se sostiene en la demanda que el administrador de la compañía constructora utilizaba las cuentas bancarias de la compañía para financiar gastos personales. Los demandados también multaban de forma injusta a los propietarios por tratar de contratar un nuevo contratista o solicitaban reembolsos porque el contrato de los demandados exigiendo a los clientes pagar el 30 por ciento de sus ingresos por el seguro o $3.000, lo que sea mayor, si el cliente cancela.

La demanda busca medidas cautelares permanentes, preliminares y temporarias, la restitución, devolución del dinero obtenidas de manera ilícita y multas.

Para ver una copia de la demanda presentada, haga clic aquí.