Attorney General Ashley Moody News Release
June 14, 2022
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Fiscal general Moody exige que el presidente Biden deje de usar los almuerzos escolares con fines políticos

La fiscal general Ashley Moody le exige al presidente Joe Biden que retire la nueva directiva de una agencia federal que amenaza con negar los programas de alimentos que tanto necesitan los niños en edad escolar. El mensaje reciente del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés) impone medidas regulatorias ilegales a las agencias y operadores estatales que reciben asistencia financiera federal. La guía nueva amplía drásticamente la interpretación del USDA de la prohibición de la discriminación basada en el sexo que se encuentra en el Título IX para incluir la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género. Como resultado, cualquier entidad que reciba fondos federales a través de la Ley de Alimentos y Nutrición y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) administrado por el USDA debe cumplir con una aplicación ilegal de Bostock v. Clayton County y el Título IX, o perderá los fondos federales.

La fiscal general Ashley Moody dijo: “Usar niños hambrientos para promover una agenda política es terrible, pero no sorprende dada la forma en que esta administración se ha burlado de las leyes y convenciones federales. No permitiremos que Joe Biden amenace la salud y el bienestar de los estudiantes de Florida. Estoy orgullosa de unirme a la mayoría de los estados para exigir que Biden deje de usar a nuestros niños para imponer su voluntad en las escuelas”.

El Programa Nacional de Almuerzo Escolar brinda servicios a casi 30 millones de escolares, muchos de los cuales dependen de él tanto para el desayuno como para el almuerzo. Aproximadamente 100,000 escuelas públicas y privadas sin fines de lucro e instituciones de cuidado infantil residencial reciben fondos federales para proporcionar comidas subsidiadas gratuitas o de precio reducido para los niños que califican.

En una carta al presidente, los fiscales generales argumentan que ampliar el concepto de “discriminación por motivos de sexo” para incluir la identidad de género y la orientación sexual hace mucho más que ofrecer orientación. La guía emitida por el USDA es ilegal porque se basa en una lectura errónea y una aplicación obviamente equivocada de la decisión de la Corte Suprema en Bostock v. Clayton County. Bostock rechazó expresamente la aplicación de "otras leyes federales o estatales que prohíben la discriminación sexual", como el Título IX y la Ley de Alimentos y Nutrición, y expresamente no "prejuzgó ninguna de esas cuestiones". Además, el USDA no brindó la oportunidad necesaria para que los estados y otras partes interesadas hicieran aportes, como lo requiere la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los fiscales generales también señalan que la guía impone medidas regulatorias nuevas e ilegales a las agencias y operadores estatales que reciben asistencia financiera del USDA. Estas medidas inevitablemente resultarán en un caos regulatorio que amenaza los servicios nutricionales esenciales para algunos de los ciudadanos más vulnerables.

Además de la fiscal general Moody, los fiscales generales de los siguientes estados suscribieron la carta: Alabama, Alaska, Arkansas, Arizona, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.

Para leer la carta completa, haga clic
aquí.