Attorney General Ashley Moody News Release
July 23, 2020
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La procuradora general Moody obtiene millones para Florida después de una investigación multiestatal sobre atención médica

TALLAHASSEE, Fla.—La procuradora general Ashley Moody hoy anunció que Florida recibirá millones de dólares después de una investigación multiestatal masiva sobre atención médica. Florida, junto con 49 estados, territorios y el gobierno federal, resolvieron acusaciones de fraude contra Universal Health Services, Inc (UHS, por sus siglas en inglés). UHS es una compañía tenedora (holding) con fines de lucro que posee de manera directa o indirecta los activos o acciones de los establecimientos de servicios de salud del comportamiento y psiquiátricos intrahospitalarios y residenciales que proporcionan servicios a las personas, incluidos los beneficiarios de varios programas federales de atención médica, y UHS de Delaware, Inc., una subsidiaria de UHS que proporciona servicios de gestión para UHS y sus subsidiarias.

UHS está ubicada en King of Prussia, Pensilvania, y es uno de los proveedores de servicios de atención médica y hospitalarios más grandes de la nación. El valor total del acuerdo es de $117 millones. Florida recibirá aproximadamente $3,700 millones.

La procuradora general Ashley Moody dijo: “El fraude de atención médica daña a los consumidores, aumenta los costos para los pacientes y les roba a los contribuyentes. Estoy orgullosa de nuestros fiscales, investigadores, estados colaboradores y del gobierno federal por su participación en esta investigación masiva que ha conducido a un acuerdo multimillonario en dólares del que los floridanos pueden beneficiarse. Esperemos que esta acción de gobierno enérgica impida conductas fraudulentas futuras dirigidas a aprovecharse de los programas de atención médica federales y estatales”.

El acuerdo resuelve las imputaciones de que durante el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2018, UHS y ciertas entidades enumeradas de UHS presentaron o hicieron que se presentaran reclamos falsos por servicios prestados a beneficiarios de Medicaid que se dieron como resultado de que UHS:

  • Admitiera a beneficiarios no elegibles para tratamiento intrahospitalario o residencial;
  • No les diera de alta a los beneficiarios de manera adecuada cuando estos ya no necesitaban tratamiento intrahospitalario o residencial;
  • Prolongara las estadías de manera excesiva o inadecuada;
  • No proporcionara el personal, capacitación o supervisión del personal adecuados;
  • Facturara por servicios que no se prestaron;
  • Usara de manera inadecuada restricciones físicas y químicas y aislamiento; y
  • No proporcionara atención residencial o intrahospitalaria aguda según las normativas federales y estatales, incluidas, entre otras, la incapacidad de desarrollar o actualizar los planes de evaluación y tratamiento, incapacidad de proporcionar una planificación de altas adecuada e incapacidad de proporcionar la terapia individual y grupal requerida.
Para acceder al acuerdo, haga clic aquí.

Las agencias de gobierno aducen que la conducta de UHS violó la Ley Federal de Reclamos Falsos y la Ley de Reclamos Falsos de Florida, lo que dio como resultado la presentación de reclamos falsos ante el programa Medicaid de Florida.

Este acuerdo es el resultado de 18 demandas por denunciantes originalmente presentadas ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Medio de Florida, Distrito Norte de Illinois, Distrito Este de Pensilvania, Distrito Norte de Georgia, Distrito Medio de Georgia, Distrito Este de Virginia, Distrito Oeste de Virginia, Distrito Oeste de Michigan y Distrito Este de Michigan. Catorce de las 18 demandas por denunciantes nombraron a al menos un estado demandante y todos, salvo tres de las causas, se transfirieron al Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Este de Pensilvania. Un Equipo de la Asociación Nacional de Unidades de Control de Fraude contra Medicaid participó en la investigación y en las negociaciones del acuerdo en representación de los estados e incluyó a representantes de las oficinas de los Procuradores Generales de los estados de California, Florida, Indiana, Massachusetts, Carolina del Norte, Ohio, Texas y Virginia.