Attorney General Ashley Moody News Release
June 25, 2019
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La procuradora general Moody y la CDC anuncian ofensiva nacional contra las llamadas automáticas ilegales

TALLAHASSEE, Fla.—La procuradora general Ashley Moody otra vez está luchando contra las llamadas automáticas ilegales en un esfuerzo nuevo conjunto con la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) y otras 25 agencias federales, estatales y locales. Las medidas están dirigidas a las operaciones ilegales en el país responsables de más de mil millones de llamadas ofreciendo una variedad de productos y servicios, incluidos servicios de reducción de la tasa de interés, oportunidades para hacer dinero y sistemas de alertas médicas.

La procuradora general Ashley Moody dijo: “Este esfuerzo conjunto marca medidas adicionales tomadas por mi Oficina para frustrar las llamadas automáticas ilegales: a principios de este año, instamos al Congreso a promulgar ley de Cumplimiento y Disuasión del Abuso Delictivo de Llamadas Telefónicas Automáticas (TRACED,
Telephone Robocall Abuse Criminal Enforcement and Deterrence Act) y el mes pasado, abogamos por que la Comisión Federal de Comunicaciones hiciera cumplir las reglas contra el spoofing (práctica de usar tecnología para ocultar el número de teléfono de la llamada entrante). Requerirá de un esfuerzo colaborativo masivo detener las llamadas automáticas ilegales, pero debemos continuar trabajando juntos para lograrlo”.

Esta ofensiva nacional, el operativo
Call it Quits (hasta aquí) involucra más de 90 medidas en todo el país para detener las llamadas automáticas ilegales. Dentro de este esfuerzo nacional se encuentran las medidas tomadas la Oficina de la Procuradora General de Florida contra dos operaciones separadas de llamadas automáticas ilegales: Lifewatch, Inc. y Life Management Services of Orange County, LLC. Las acciones tomadas por Florida en un tercer caso contra All Us Marketing, anteriormente conocida como Payless Solutions también dieron como resultado le emisión de reembolsos para los consumidores de $1,000 en promedio.

Lifewatch, Inc.

Como parte de la ofensiva nacional, la Oficina de la Procuradora General de Florida, junto con la FTC, hoy anunciaron le presentación de una orden estipulada para une medida permanente y laudo monetario contra los siguientes acusados de Lifewatch: Lifewatch, Inc., Evan Sirlin, Safe Home Security, Inc., MedGuard Alert, Inc., David Roman y Mitchel May.

La demanda contra estos acusados, originariamente presentada el 30 de junio de 2015 en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. del Distrito Norte de Illinois, aduce que Lifewatch Inc., bombardeó a los adultos mayores con llamadas automáticas no solicitadas, a menudo a listados del Registro
Do Not Call (No llamar), y típicamente usaba información falsa del número de la llamada entrante. Las llamadas usaban mensajes grabados, incluso uno presuntamente de “John del departamento de envíos de Alertas de Emergencia Médica”, para informarles de manera falsa a los consumidores que un sistema de alerta médica había sido comprado para ellos y que lo recibirían “sin costo alguno para ellos”. La operación incluso usaba una frase conocida “Me caí y no puedo levantarme”. A pesar de las promesas de un producto gratuito, se responsabilizó a los consumidores por los honorarios de monitoreo mensual de entre $29.95 y $39.95. Para acceder a la demanda, haga clic aquí.

La
Orden Estipulada, presentada ayer, le prohíbe de manera permanente a los acusados de Lifewatch participar en actividades de telemercadeo, iniciar llamadas automáticas, llamar a números que se encuentran en el registro nacional Do Not Call, y participar en prácticas abusivas de telemercadeo y de identificador de llamadas. Además, la Orden Estipulada comprende un laudo monetario de $25,266,866 contra los acusados de Lifewatch, Inc. y Evan Sirlin, y un laudo monetario de $8,943,416 contra los acusados de Safe Home Security, Inc., MedGuard Alert, Inc., David Roman y Mitchel May. La Orden Estipulada exige que los acusados de Lifewatch paguen $2 millones dentro del año a partir de la vigencia de la orden. Una vez que se reciba el pago de $2 millones, el resto del laudo monetario se suspenderá.

Life Management Services

La Oficina de la Procuradora General de Florida, junto con la FTC, presentaron una
demanda en 2016 en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. del Distrito Medio de Florida contra Life Management Services of Orange County, LLC, su líder Kevin Guice y otros 19 acusados quienes de manera conjunta inundaron a los consumidores con llamadas automáticas ilegales en un intento por vender servicios falsos de reducción de la tasa de interés de la tarjeta de crédito. Los acusados les garantizaban a los consumidores que podían bajar de manera significativa y permanente las tasas de interés de las tarjetas de crédito y ahorrar miles de dólares en pagos de intereses. Los consumidores realizaron pagos anticipados, pero rara vez, o nunca, recibieron los servicios prometidos. La demanda aduce también que los acusados usaron llamadas automáticas ilegales para vender un servicio de eliminación de duda de la tarjeta de crédito.

La
orden del tribunal anunciada hoy les prohíbe a los 17 acusados de Life Management participar en servicios de telemercadeo y de reducción de deuda. También impone un laudo de más de $23 millones contra los acusados, el cual se suspenderá hasta 13 de los acusados después de que cumplan con las obligaciones monetarias establecidas en los fallos estipulados respectivos. La orden también resuelve las imputaciones contra otros dos acusados quienes no estuvieron involucrados directamente en la maniobra, pero se beneficiaron económicamente de ella. El tribunal anteriormente celebró una orden permanente y un laudo de $23 millones contra el líder de la maniobra, Kevin Guice, en diciembre de 2018. Para acceder a la orden, haga clic aquí.

All Us Marketing/Payless

En mayo 2019, la Oficina de la Procuradora General de Florida y la FTC libraron cheques por un total de $314,945 para los consumidores, muchos de los cuales eran adultos mayores, en un tercer caso de llamadas automáticas contra All Us Marketing, LLC, anteriormente conocida como Payless Solutions, LLC. Cada uno de los consumidores recibió, en promedio, más de $1,000. La compañía y sus afiliadas bombardearon a los consumidores con campañas de llamadas automáticas masivas diseñadas para engañarlos para que pagaran honorarios anticipados por servicios inútiles de reducción de tasa de interés de tarjeta de crédito.

En 2015, la Oficina de la Procuradora General y la FTC demandaron a 18 acusados involucrados en esta maniobra. Para acceder a la demanda, haga clic
aquí. En 2017, la Oficina de la Procuradora General y la FTC obtuvieron laudos monetarios contra 15 de los acusados por $4,890,797 y $338,369 contra los tres acusados restantes. Ordenes permanentes de prohibición de telemercadeo, realizar llamadas automáticas y ofrecer servicios o productos de reducción de deuda se presentaron contra todos los acusados. Además, se les exigió a dos acusados que vendieran sus vehículos de lujo y renunciaran a las ganancias.

Para acceder a las Órdenes Estipuladas, haga clic
aquí.

Para acceder a Orden del Tribunal, haga clic
aquí.

Además de estas acciones conjuntas iniciadas por la Oficina de la Procuradora General de Florida y la FTC, las siguientes agencias también anunciaron varias acciones de cumplimiento como parte de esta ofensiva nacional: las Oficinas de los Procuradores Generales de Alabama, Arizona, Colorado, Illinois, Indiana, Michigan, Missouri, Carolina del Norte, North Dakota, Ohio, Oregón, Pennsylvania, Texas, y Virginia; las Divisiones de Protección al Consumidor de los Fiscales de Distrito de Los Ángeles, San Diego, Riverside, y Santa Clara, California; el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida; y el Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles. Además, las Oficinas de los Fiscales de Estado de los Estados Unidos del Distrito Medio de Florida, el Distrito Norte de Georgia y el Distrito Sur de Texas, con el apoyo del Inspector General del Tesoro para la Administración de Impuestos, contribuyeron con cinco acciones penales.