Attorney General Ashley Moody News Release
May 6, 2019
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La procuradora general Moody insta a la FCC a tomar medidas contra las llamadas automáticas y la alteración del identificador de llamadas

TALLAHASSEE, Fla.— La procuradora general Ashley Moody está instando a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés) a tomar más medidas para detener la difusión creciente de llamadas automáticas (robocalls) y alteración del identificador de llamadas (spoofing), práctica que utiliza la tecnología para disfrazar el número de teléfono de la persona que llama. La cantidad de llamadas con el número del remitente alterado y las pérdidas financieras de los consumidores derivadas de estas estafas han aumentado en casi el 50 por ciento en los últimos años. La procuradora general Moody es una de los 42 procuradores generales que solicitan a la FCC que haga cumplir las normas contra la alteración del identificador de llamadas en llamadas a los Estados Unidos que provengan del exterior, y al mismo tiempo que se ocupe también de la alteración del número del remitente en los mensajes de texto y servicios alternativos de mensajes de voz.

La procuradora general Ashley Moody dijo: “Antes en este año, insté al Congreso a tomar medidas contra las llamadas automáticas ilegales y ahora abogo por que la Comisión Federal de Comunicaciones haga cumplir más las normas contra la rápida proliferación de estas llamadas. Debemos continuar trabajando juntos para proteger a los consumidores de que los acosen y estafan mediante llamadas automáticas”.

La coalición de procuradores generales entregó algunos comentarios legales formales a la FCC. Los comentarios instan a la FCC a adoptar disposiciones que están incluidas en la ley de autorización de asignaciones de la FCC, también denominada Ley de Ray Baum de 2018.

Los estadounidenses recibieron casi 18 mil millones de llamadas automáticas ilegales en 2018, y estas llamadas aumentaron en EE. UU. en un 57 por ciento desde 2017 hasta 2018. La FCC informa que estas estafas de impostores les costaron a los consumidores $488 millones solo en 2018.

Se unieron a la procuradora general Moody en el envío de comentarios formales a la FCC los procuradores generales de Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Misisipi, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Nuevo Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, Washington y Virginia Occidental.

Para ver los comentarios formales, haga clic aquí.