Attorney General Ashley Moody News Release
May 19, 2020
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La procuradora general Moody obtiene $550 millones en alivio para los prestatarios de la Compañía de Financiamiento de Automóviles Subprime más grande de la nación

TALLAHASSEE, Fla.—La procuradora general Ashley Moody, junto a otros 34 procuradores generales, hoy obtuvieron un acuerdo con Santander Consumer USA Inc. que comprende aproximadamente $550 millones en alivio a nivel nacional para los prestatarios de préstamos de vehículos y se espera aún más alivio en la forma de renuncias de deficiencia adicionales. Los floridanos son elegibles para recibir más de $7.7 millones en restitución a los consumidores y más de $35 millones en renuncias por saldos adeudados en ciertos préstamos de vehículos propiedad de Santander. El fallo por consentimiento propuesto, que acompaña la demanda presentada en el tribunal de circuito del condado de Hillsborough hoy resuelve las imputaciones de que Santander violó las leyes de protección al consumidor al exponer a los consumidores subprime a altos niveles de riesgo innecesarios y, a sabiendas, ubicar a estos consumidores en préstamos de vehículos con alta probabilidad de incumplimiento del pago.

La procuradora general Ashley Moody dijo: “Mi oficina está comprometida con responsabilizar a los prestamistas y prestadores de servicios irresponsables cuando se aprovechan de los floridanos con dificultades económicas. Insto a los floridanos afectados a perseguir sus reclamos a través del proceso hecho posible por este acuerdo multiestatal”.

El acuerdo se origina de una investigación multiestatal de las prácticas de préstamo subprime de Santander. Después de iniciar su propia investigación sobre las prácticas comerciales de Santander, en marzo de 2015, Florida aunó sus esfuerzos con otros estados para investigar a la compañía de financiación de vehículos subprime más grande del país.

Basándose en la investigación multiestatal, la demanda presentada aduce que Santander, a través de sus modelos de puntuación de crédito sofisticados para prever el riesgo de cesación de pagos, sabía que era predecible que ciertos segmentos de su población tendrían muchas probabilidades de incumplir sus pagos. Santander expuso a estos prestatarios a riesgos altos innecesarios a través de ratios préstamo-valor altos (LTV, por sus siglas en inglés), comisiones de salida significativas y altas relaciones de de deuda-ingreso. La demanda también alega que Santander ignoró el abuso del concesionario en las solicitudes de préstamo y no monitoreó de manera significativa el riesgo de la información falsificada en las solicitudes de préstamo, incluidos los montos especificados para los ingresos y los gastos de los consumidores. También se supone que Santander participó en prácticas de prestación de servicios engañosas y engañó a los consumidores de manera activa sobre sus derechos y los riesgos de los pagos parciales y las extensiones del préstamo.

Según el acuerdo, se le exige a Santander que proporcione alivio a los prestatarios elegibles y, en adelante, calcule la capacidad del consumidor de pagar el préstamo en su suscripción. Santander les pagará $65 millones a los estados participantes para la restitución para algunos prestatarios subprime quienes incumplieron los pagos de sus préstamos entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2019. Se le exige a Santander que les permita a los prestatarios con los préstamos de calidad más baja, quienes cesaron sus pagos a partir del 31 de diciembre de 2019 y cuyos automóviles no han sido recuperados, conservar sus automóviles y renunciar a cualquier saldo del préstamo, hasta un valor total de $45 millones en condonación del préstamo. Santander también pagará hasta $2 millones por los costos de administración del acuerdo y otros $5 millones a los estados por los costos de la investigación multiestatal.

El acuerdo también comprende alivio al consumidor significativo a través de la condonación del préstamo. En resumen, Santander ha acordado renunciar a los saldos de deficiencia para los prestatarios en cesación de pagos, con aproximadamente $433 millones en condonación inmediata de los préstamos que todavía son propiedad de Santander y renuncias de deficiencia adicionales de préstamos que ya no son propiedad de Santander, pero que se le exige que intente comprar nuevamente.

Según el fallo por consentimiento propuesto, en adelante, se le exige a Santander ajustar sus prácticas antes de extender el financiamiento de préstamos de automóviles, por ejemplo, tomar en consideración si un consumidor tiene un ingreso residual negativo después de evaluar las obligaciones de deuda mensuales reales de cada posible prestatario y de testear todos los préstamos que entran en cesación de pagos para ver si el consumidor, al momento de la creación, tenía un ingreso negativo. Se le prohíbe a Santander exigirles a los concesionarios de automóviles vender productos complementarios tales como contratos de servicio y se le exige implementar medidas para monitorear a los concesionarios de automóviles que participen en inflación del ingreso, inflación de gastos o
power booking (descripción engañosa sobre las características del vehículo).

Se unen a la Procuradora General Moody en la resolución los procuradores generales de California, Illinois, Maryland, New Jersey, Oregón y Washington, quienes conforman la comisión ejecutiva; también los procuradores generales de Arizona, Arkansas, Connecticut, el Distrito de Columbia, Georgia, Hawái, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.

Para ver la demanda, haga clic
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Para ver el fallo por consentimiento, haga clic
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