Attorney General Ashley Moody News Release
November 17, 2022
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Fiscal general Moody lidera un esfuerzo multiestatal que insta a la DEA a ampliar las capacidades de telesalud para el tratamiento del trastorno por consumo de opioides

TALLAHASSEE, Fla.—La fiscal general Ashley Moody está liderando una coalición bipartidista de 45 fiscales generales que instan a la prolongación de las reglas de emergencia para ayudar a quienes padecen el trastorno por uso de opioides. Los fiscales generales están pidiendo a la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) y a la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA, en inglés) que prolonguen permanentemente las flexibilidades de telesalud para recetar buprenorfina, un tratamiento para el trastorno por uso de opioides. La buprenorfina es uno de los tres medicamentos aprobados por la FDA para el tratamiento de pacientes que sufren de adicción. Durante la pandemia por la COVID-19, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés) permitió que los servicios de telesalud recetaran el medicamento, pero esta regla quedará sin efecto cuando termine la emergencia de salud pública por la COVID-19.

La nación está en medio de una crisis de opioides, con más de
100,000 estadounidenses que mueren debido a una sobredosis tan solo el año pasado. Los fiscales generales estatales están en primera línea luchando contra la crisis para proteger a los estadounidenses de los mortales opioides sintéticos como el fentanilo. La fiscal general Moody reconoce que los esfuerzos de interdicción por sí solos no pondrán fin a la crisis.

La fiscal general Ashley Moody dijo: “A medida que continuamos luchando contra la crisis mortal de opioides, la cual se cobra decenas de miles de vidas en todo el país, es importante que las personas que luchan contra la adicción tengan acceso a medicamentos que puedan ayudarlas a dejar de consumir. Mantener las reglas de telesalud para recetar buprenorfina contribuirá en gran medida a ayudarnos a combatir esta crisis y salvar vidas, y me enorgullece liderar una coalición bipartidista de fiscales generales en este importante esfuerzo”.

Como condición de la emergencia de salud pública por la COVID-19, en marzo de 2020, la DEA permitió que los servicios de telemedicina audiovisual prescribieran todas las sustancias controladas de la Lista II-V, incluida la buprenorfina. Sin la prórroga permanente propuesta, la finalización actual de la emergencia de salud pública tiene el potencial de dejar sin tratamiento a aproximadamente 2.5 millones de adultos estadounidenses que utilizan el tratamiento para el trastorno por consumo de opioides.

En una carta dirigida a los funcionarios principales de la DEA y SAMHSA, los fiscales generales destacan cómo las flexibilidades existentes son fundamentales para vincular a las personas con trastornos por consumo de opioides a la atención. Los fiscales generales afirman: "La cantidad de pacientes que recibieron buprenorfina como tratamiento... aumentó significativamente cuando se permitieron las flexibilidades de telesalud... también mejoró la retención en la atención y redujo las probabilidades de sobredosis de las personas a quienes se les recetó buprenorfina a través de telesalud para el tratamiento del trastorno por uso de opioides".

La asignación actual para los servicios de telesalud también amplía el acceso a la buprenorfina a los pacientes que anteriormente pudieron haber tenido problemas para recibir el medicamento. Los fiscales generales afirman: “Se estima que 28 millones de estadounidenses viven a más de 10 millas y unos tres millones viven a más de 30 millas de un proveedor de buprenorfina. Hoy, la prestación de atención para el tratamiento con buprenorfina ha girado significativamente hacia la telesalud, lo cual hace que hoy las personas puedan obtener el tratamiento que necesitan con más facilidad que antes”.

Subscriben la carta junto a la fiscal general Moody los fiscales generales de los siguientes estados y territorios: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Georgia, Guam, Hawái, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Misisipi, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Puerto Rico, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming.

Para leer la carta completa, haga clic
aquí.