| March 11, 2021 Contact: Kylie Mason Phone: (850) 245-0150 |
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TALLAHASSEE, Fla.—La procuradora general Ashley Moody tomó hoy medidas contra Retrieval-Masters Creditors Bureau operando comercialmente como American Medical Collection Agency que resuelve una investigación multiestatal sobre una filtración de datos en 2019 que expuso la información personal de más de 7 millones de personas, incluidos 1,25 millones de residentes de Florida. La filtración de datos expuso potencialmente la información personal de hasta 21 millones de personas en todo Estados Unidos. En la acción multiestatal se unen a la procuradora general Moody los procuradores generales de otros 40 estados.
La procuradora general Ashley Moody dijo: “Esta filtración de datos expuso la información personal de más de un millón de floridanos, poniendo en peligro sus identidades, finanzas y seguridad en línea. Me enorgullece trabajar con mis colegas en otros estados para fortalecer las medidas de seguridad de esta agencia para ayudar a garantizar que cualquier información personal recopilada en el futuro permanezca privada".
Retrieval-Masters Creditors Bureau es una agencia de cobranza de deudas. Bajo el nombre de American Medical Collection Agency (AMCA), la compañía se especializó en el cobro de deudas médicas de saldos pequeños principalmente para laboratorios e instalaciones de pruebas médicas. Un usuario no autorizado obtuvo acceso al sistema interno de AMCA desde el 1 de agosto de 2018 hasta el 30 de marzo de 2019. AMCA no detectó la intrusión, a pesar de las advertencias de los bancos que procesaron sus pagos. El usuario no autorizado recopiló una amplia variedad de información personal, incluidos números de seguro social, información de tarjetas de pago y, en algunos casos, nombres de pruebas médicas y códigos de diagnóstico.
El 3 de junio de 2019, AMCA envió notificaciones a muchos estados y comenzó a enviar notificaciones a más de 7 millones de personas afectadas junto con una oferta de dos años de supervisión crediticia gratuita. El 17 de junio de 2019, AMCA se declaró en quiebra como resultado de los costos asociados con la notificación y reparación de la filtración.
Como parte del acuerdo, AMCA puede ser responsable de un pago total de $21 millones a los estados. Debido a la situación financiera de AMCA, ese pago se suspende a menos que la empresa viole ciertos términos del acuerdo de resolución.
Según los términos del acuerdo, AMCA y sus directores acordaron implementar una serie de prácticas de seguridad de datos diseñadas para fortalecer el programa de seguridad de la información de la empresa y mantenerlas, y salvaguardar la información personal de los consumidores. Estas prácticas comprenden:
- crear un programa de seguridad de la información con requisitos detallados e implementarlo, incluido un plan de respuesta a incidentes;
- contratar a un director de seguridad de la información debidamente calificado;
- contratar a un asesor externo para realizar una evaluación de seguridad de la información; y
- cooperar con las investigaciones de los procuradores generales relacionadas con la filtración de datos y el mantenimiento de las pruebas.
Además de Florida, representada por la fiscal general auxiliar de la División de Protección al Consumidor de la procuradora general Moody, Diane Oates, el grupo multiestatal comprende a Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, el Distrito de Columbia, Georgia, Hawái, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Misuri, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington y Virginia Occidental.
La sentencia acordada por las partes propuesta está pendiente de aprobación judicial.



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