October 27, 2010 Media Contact: Jenn Meale Phone: (850) 245-0150

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Durante la investigación de Eureka Butler (38), que operaba como Gwen Andrews, Inc., los investigadores descubrieron que numerosos individuos del área de Tallahassee estafaron al programa Medicaid en más de $155,000. Rhonda Woulard (44), Katina Lockwood (30), Hubert Lynch (53) y Gloria Johnson (48),
todos integrantes del equipo de Butler, al parecer, falsificaron documentación de verificación de antecedentes penales para convictos, diplomas de escuela secundaria y certificados de capacitación como para aparentar que los empleados estaban calificados para proveer servicios a discapacitados mentales. Bajo la dirección de Butler, estas personas también crearon documentación de servicios que nunca se suministraron para avalar reclamaciones a Medicaid.

En otra investigación que se centró en el condado de Bay, se encontró que un adulto discapacitado vivía en un apartamento inseguro, sucio con materia fecal de gatos y sin electricidad. Patricia Catazano (58), del condado de Bay, y Margo Keeler (42) del condado de Okaloosa compartían la responsabilidad de garantizar que las condiciones de vida de la víctima fueran seguras.

Los investigadores descubrieron que Marcus Hughes (25) del condado de Leon, dejó a un adulto discapacitado en un automóvil en numerosas ocasiones mientras se fue al gimnasio. La investigación reveló que a Hughes se le pagó más de $1,500 por servicios de Medicaid que nunca brindó. Otra investigación reveló que Restee Smith (53), también del condado de Leon, no suministró a un beneficiario varios medicamentos psicotrópicos, lo que podría haberle causado lesiones.

Varias de las investigaciones determinaron que los siguientes proveedores facturaban por servicios que no proveían: Arther Williamson (51), de Jacksonville, que cobró $3,500 por servicios de Medicaid que supuestamente suministró mientras estaba en otro trabajo o clase; Stephen Kanuch (44), de la ciudad de Panama, y Brian Edwards (35), de Tallahassee, quien cobró más de $13,000 en total por servicios de Medicaid supuestamente realizados cuando los beneficiarios estaban con su familia; y Felicia Davis (43), que anteriormente era del condado de Levy, cobró más de $9,000 por servicios comunitarios de Medicaid supuestamente realizados mientras los beneficiarios estaban hospitalizados.

Las siguientes personas fueron arrestadas:

· Marcus Hughes, acusado de fraude como proveedor de Medicaid y negligencia de adulto discapacitado, ambos delitos graves de tercer grado. Si lo declaran culpable de los dos cargos, enfrenta hasta 10 años de prisión y multas por $10,000.
· Restee Smith, acusado de negligencia de un adulto discapacitado, delito grave de tercer grado. Si lo declaran culpable, enfrenta un máximo cinco años de prisión y multas por $5,000.
· Brian Edwards, acusado de fraude como proveedor de Medicaid, delito grave de segundo grado, y de robo calificado y fraude en comunicaciones, ambos delitos graves de tercer grado. Si lo declaran culpable de todos los cargos, enfrenta un máximo de 25 años de prisión y multas por $20,000.
· Stephen Kanuch, acusado de fraude como proveedor de Medicaid y fraude en comunicaciones, ambos delitos graves de tercer grado. Si lo declaran culpable de los dos cargos, enfrenta un máximo de 10 años de prisión y multas por $10,000.
· Arther Williamson, acusado de fraude como proveedor de Medicaid y robo calificado, ambos delitos de tercer grado. Si lo declaran culpable, enfrenta un máximo 10 años de prisión y multas por $10,000.
· Felicia Davis, acusada de fraude como proveedor de Medicaid y fraude en comunicaciones, ambos delitos graves de tercer grado. Si la declaran culpable de los dos cargos, enfrenta un máximo de 10 años de prisión y multas por $10,000.
· Katina Lockwood, acusada de fraude como proveedor de Medicaid, fraude en comunicaciones y fraude organizado, todos delitos graves de tercer grado. Si la declaran culpable de todos los cargos, enfrenta un máximo de 15 años de prisión y multas por $15,000.
· Rhonda Woulard, acusada de negligencia, fraude como proveedor de Medicaid, fraude organizado, y fraude en comunicaciones, todos delitos graves de tercer grado. Woulard también está acusada de falsificación de evaluación de antecedentes y dos cargos de perjurio, ambos delitos menores de primer grado. Si la declaran culpable de todos los cargos, enfrenta un máximo de 23 años de prisión y multas por $23,000.
· Hubert Lynch, acusado de falsificación y esquema organizado de fraude, ambos delitos graves de tercer grado. Si lo declaran culpable, enfrenta un máximo 10 años de prisión y multas por $10,000.
· Patricia Catazano y Margo Keeler, ambas acusadas de negligencia de un adulto discapacitado, delito grave de tercer grado. Si los encuentran culpables, las dos mujeres enfrentan un máximo cinco años de prisión y una multa de $5,000.

· Eureka Butler, acusada de dos cargos de fraude como proveedor de Medicaid, delito grave de primer grado, un cargo de fraude en comunicaciones y un cargo de fraude organizado, ambos delitos de tercer grado. Si la declaran culpable de todos los cargos, enfrenta un máximo de 20 años de prisión y multas por $20,000.
· Gloria Johnson, de Cairo (Georgia), acusada de un cargo de fraude como proveedor de Medicaid, delito grave de primer grado, y un cargo de fraude en comunicaciones, delito grave de tercer grado. Si la declaran culpable de los dos cargos, enfrenta un máximo de 35 años de prisión y multas por $20,000.