Attorney General Ashley Moody News Release
November 4, 2021
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Fiscal general Moody impugnará el uso de OSHA por parte de Biden para imponer una política de salud ilegal a trabajadores y empresas de Florida

TALLAHASSEE, Fla.—La fiscal general Ashley Moody iniciará acciones legales para detener el mandato ilegal de vacunación del presidente Joe Biden para los trabajadores de empresas con 100 o más empleados. El presidente Biden está imponiendo la política de salud ilegal a través de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Trabajo de EE. UU. La medida sin precedentes de Biden de exigir que millones de estadounidenses se vacunen con el pretexto de regular el lugar de trabajo sigue a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contra el intento del presidente de utilizar los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos para promulgar una moratoria de desalojo. También se produce después de que la administración de Biden declarara que exigir vacunas “no es el papel del gobierno federal”.

La fiscal general Ashley Moody dijo: “La notable facilidad con la que este presidente abandonará el estado de derecho y la separación de poderes es asombrosa y devastadora para la autonomía de los trabajadores estadounidenses. Por esta razón, iniciaré acciones legales rápidas para detener esta extralimitación sin precedentes del gobierno federal, para proteger a Florida y a nuestros trabajadores de los edictos ilegales que emanan del presidente Biden y sus manipuladores. El presidente no tiene la potestad de imponer políticas de salud a través de un departamento de seguridad en el lugar de trabajo. Eso no es lo que el Congreso pretendía cuando se creó la OSHA y no es un uso legal del Departamento de Trabajo de EE. UU”.

El gobernador Ron DeSantis dijo: “Empezamos con
15 días para retardar la propagación y ahora es: o se vacunan o pierden su trabajo. Se supone que somos un gobierno de leyes, no un gobierno de hombres. Esta norma de la OSHA representa 500 páginas de un gobierno de burocracia, un gobierno que está siendo dirigido por edicto ejecutivo y no un gobierno obligado por restricciones constitucionales. El estado de Florida impugnará inmediatamente la norma de la OSHA en los tribunales porque es incompatible con la Constitución y no está legalmente autorizada por los estatutos del Congreso. No existe un poder de policía federal y el gobierno federal no puede imponer unilateralmente una política médica bajo la apariencia de una regulación del lugar de trabajo. Las personas deben tomar decisiones informadas sobre su propia atención médica. Es importante defender la capacidad individual de las personas para tomar decisiones por sí mismas. Y el resultado práctico es que esto exacerbará muchos de los problemas existentes que estamos viendo con la economía”.

La fiscal general Moody planea presentar un litigio mañana mismo para exigir que un tribunal revise de inmediato la Norma Temporal de Emergencia (ETS, por sus siglas en inglés) de la OSHA. La presentación también solicitará al tribunal que determine que la ETS excede la autoridad del departamento, no cumple con los estándares de emisión de una ETS, entra en conflicto con la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa y viola la Constitución de los Estados Unidos.

La semana pasada, la fiscal general Moody presentó una demanda que busca el fin inmediato del requisito ilegal de que los contratistas del gobierno federal se aseguren de que todos los empleados reciban la vacuna contra la COVID-19. Las empresas de Florida, públicas y privadas, reciben millones de dólares en contratos federales anualmente y se verán afectadas negativamente por los requisitos ilegales. Para obtener más información sobre la acción judicial, haga clic
aquí.