Attorney General Pam Bondi News Release
June 25, 2013
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Opinión de la procuradora general Bondi la FTC sobre facturación indebida en telefonía celular

TALLAHASSEE, Fla. – La procuradora general Pam Bondi y otros 39 procuradores generales estatales y territoriales han entregado un documento conjunto a la Comisión Federal de Comercio en el que comentan sus inquietudes respecto del cobro de cargos indebidos, cargos no autorizados de terceros en la facturación de telefonía celular. Los procuradores generales continúan recibiendo quejas de los consumidores sobre cargos, a menudo de alrededor de $9.95, que aparecen en sus facturas de teléfono y que no contaban con su autorización. Una vez que descubren los cargos no autorizados, a veces después de varios meses, es muy raro que los consumidores obtengan reembolsos completos.
“Los procuradores generales de todo el país están cada vez más preocupados por los cargos no autorizados en celulares”, expresó la procuradora general Pam Bondi. "Necesitamos pensar en la mejor manera de proteger a los consumidores contra el cobro de estos cargos fraudulentos o no autorizados en sus cuentas de teléfono".

El documento, entregado por la Asociación Nacional de Procuradores Generales (NAAG, National Association of Attorneys General), trata cuatro áreas de interés particular:

1. Los cargos no autorizados que se cobran en las facturas de los consumidores por servicios no deseados ni utilizados;
2. La información inadecuada sobre los cargos de terceros en las facturas de telefonía celular;
3. Los mecanismos inadecuados para que los consumidores bloqueen de manera efectiva los cargos de terceros y obtengan reembolsos; y
4. La falta de protección legal estatal y federal que rige las disputas del consumidor en relación con los cargos fraudulentos o no autorizados cobrados en las facturas de telefonía celular.

Los procuradores generales consideran que una revisión exhaustiva de este importante problema por la Comisión Federal de Comercio ayudaría a los estados a ocuparse mejor de este problema.

Los procuradores generales de los siguientes estados y territorios firmaron la carta: Alaska, Arizona, California, Colorado, Delaware, Distrito de Columbia, Florida, Guam, Hawai, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Minesota, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oregón, Pensilvania, Puerto Rico, Rhode Island, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Vermont, Islas Vírgenes, Washington y Wyoming.