September 28, 2021 Contact: Kylie Mason Phone: (850) 245-0150

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TALLAHASSEE, Fla.—La fiscal general Ashley Moody inicia acciones legales contra la administración Biden por ignorar la ley federal de inmigración conforme la crisis en la frontera sur de los Estados Unidos se intensifica. De acuerdo con la ley federal, se exige por ley que se detenga a los inmigrantes que llegan, incluidos los que solicitan asilo, mientras los tribunales de inmigración determinan si existe una base válida para que ingresen a los Estados Unidos. Como resultado de la abdicación ilegal del deber de la administración Biden, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés) ya ha liberado a más de 225,000 personas que cruzaron ilegalmente la frontera este año.

La fiscal general Ashley Moody dijo: “El desprecio descarado de la administración Biden por la ley federal de inmigración está poniendo en peligro la seguridad de nuestro estado y nación y, al mismo tiempo, le cuesta dinero a los contribuyentes de Florida. La política fronteriza laxa de Biden es una invitación abierta a delincuentes peligrosos, tratantes de personas y narcotraficantes para que ingresen a los Estados Unidos, que crea una crisis sin precedentes en la frontera sur. Debido a que Biden no exige que quienes cruzan la frontera pasen por los canales legalmente obligatorios, estas personas están ingresando a nuestro país sin ser procesados adecuadamente.

El gobierno federal no puede simplemente ignorar las leyes federales porque no está de acuerdo con ellas políticamente. La administración Biden debe implementar la política de inmigración requerida por la ley federal y le pedimos al tribunal que tome medidas rápidas para reducir el daño causado por la inacción de Biden”.

El Gobernador Ron DeSantis dijo: “Desde que el presidente Biden asumió el cargo, hace menos de un año, la Patrulla Fronteriza ha liberado a casi un cuarto de millón de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos. Esta orden ejecutiva deja en claro que los recursos de Florida no se utilizarán para apuntalar la fallida agenda de fronteras abiertas promulgada por esta administración. La fiscal general Ashley Moody también ha presentado una demanda contra la administración Biden desafiando su política de capturar y liberar a la cantidad asombrosa de extranjeros ilegales detenidos en la frontera con Estados Unidos. Continuaremos responsabilizando al gobierno federal por negarse a hacer cumplir las leyes de inmigración de este país”.

Según la demanda, presentada hoy por la fiscal general Moody en el Distrito Norte de Florida, la administración Biden afirma que su respuesta negligente a la crisis fronteriza se debe a la falta de recursos y capacidad de detención para procesar el aumento de migrantes que llegan a la frontera. Sin embargo, la administración Biden está eliminando activamente medidas que aumentan sus recursos y capacidad de detención, como los Protocolos de Protección al Migrante, también conocida como la política de espera en México, e incluso le pidió al Congreso que redujera la cantidad de camas de detención migratoria disponibles. Estas políticas equivocadas están alentando a más migrantes a realizar el viaje peligroso para cruzar la frontera sur.

Esta política no solo es ilegal, es dañina para la seguridad de nuestro estado y nación. Algunos de los que cruzan ilegalmente la frontera son delincuentes peligrosos, como tratantes de personas y narcotraficantes, como lo demuestra la incautación de una cantidad sin precedentes de fentanilo en la frontera sur. Miles de los inmigrantes ilegales que liberó la administración Biden están llegando o llegarán pronto a Florida, lo que obliga al estado a incurrir en gastos de millones de dólares. Por ejemplo, el sistema penitenciario del estado de Florida gasta más de $ 100 millones por año encarcelando a personas que se encuentran en el país de manera ilegal que son condenadas por cometer delitos en Florida, de los cuales solo una fracción es reembolsada por el gobierno federal.

Según los informes de CBP, en todo el mes de diciembre de 2020, la Patrulla Fronteriza liberó a 17 migrantes en el interior de los EE. UU. luego de la detención y de las notificaciones para comparecer. Para agosto de 2021, ese número aumentó a más de 40,000 (en un solo mes), y el número total de extranjeros ilegales liberados por la administración Biden a más de 225,000.

A través de la acción legal de hoy, la fiscal general Moody exige que la administración Biden, como mínimo, expida los documentos de acusación requeridos a los extranjeros que llegan e inicie los procedimientos de deportación.

Para ver una copia de la demanda, haga clic aquí.