Print Version

TALLAHASSEE (FL) - El Procurador General, Bill McCollum, anunció hoy que la ex propietaria y administradora de un centro de Santa Rosa se declaró sin disputa (nolo contendere) a los cargos de abuso de un adulto mayor residente de su centro. Marian Tolbert fue arrestada en enero pasado por la Unidad de Control de Fraude contra Medicaid del Procurador General con la colaboración de la Oficina del Sheriff del condado de Santa Rosa. Conforme a la ley, se le prohíbe, ahora, trabajar en el área de la atención de la salud.

Tolbert (58) es la ex propietaria y administradora de Tolbert Adult Family Care Home. Los cargos penales son el resultado de una investigación que reveló que Tolbert intimidaba a la víctima de 74 años a quien habían trasladado temporalmente a Tolbert Adult Family Care Home mientras sus cuidadores se encontraban fuera de la ciudad.
La víctima le dijo a los investigadores que era forzado a dormir en un sofá cuando estaba al cuidado de Tolbert quien lo acosaba en forma constante solicitándole dinero. Al final ella lo presionó para que la designe beneficiaria de una póliza de seguro de vida por $10,000 y consiguió que le pagara un depósito de garantía y le diera dinero para la gasolina- costos que ya estaban incluidos en la tarifa completa que pagaron por adelantado sus cuidadores del Minda Pascual Adult Family Care Home.

Los registros bancarios corroboraron las acusaciones de la víctima y una copia de su póliza de seguro de vida indicaba que, durante el tiempo en que residió en Tolbert Adult Family Care Home, él cambió la titularidad del beneficiario de la póliza a Marian Tolbert. Después de volver a su lugar de residencia permanente, la víctima volvió a poner la póliza a nombre de su anterior beneficiario.

Tolbert compareció ante el Juez Thomas Santurri del Primer Circuito Judicial Circuit esta tarde y se declaró sin disputa a un cargo de abuso de un adulto mayor. Como condición impuesta por la condena del Tribunal, Tolbert cumplirá tres años de libertad condicional y deberá pagar una indemnización a la víctima. La ley de Florida prohíbe trabajar en el área de atención de la salud a toda persona que un tribunal ha considerado culpable de un delito penal, como el abuso de un adulto mayor o un discapacitado.

El Tribunal dispuso que Tolbert pagara $1,000 en concepto de costo de investigación a la oficina del Procurador General. El Juez Santurri también le exigió a Tolbert que pague $600 de costos judiciales y que no tenga ningún contacto con la víctima. El procesamiento estuvo a cargo de la Unidad de Control de Fraude contra Medicaid del Procurador General en la jurisdicción de la Fiscalía Estatal para el Primer Circuito Judicial.